Combarbalá lideró compras de emergencia en la región según informe del Consejo para la Transparencia que analizó año 2024

La Unidad de Fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) publicó este lunes 24 de agosto de 2026 un informe extraordinario que revisó la totalidad de las compras municipales realizadas mediante trato directo por causal de emergencia, urgencia o imprevisto durante el año 2024. El estudio abarcó las 345 comunas del país y arrojó cifras que ponen en discusión tanto la planificación municipal como el uso de herramientas excepcionales de contratación.

A nivel nacional, 325 municipios ejecutaron 8.731 órdenes de compra por un total de $210.077 millones a través de esta vía. El 66% de ese gasto se concentró en servicios de aseo, recolección de residuos, mantención de áreas verdes y limpieza industrial — actividades esenciales que, según el propio informe, debieran resolverse por licitación pública y no por contratación de emergencia.

La región en cifras

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La Región de Coquimbo registró 431 órdenes de compra, equivalentes al 4,9% del total nacional, por un monto cercano a los $4.280 millones. La cifra la ubica en el séptimo lugar entre las 16 regiones del país.

El dato más llamativo es el de Combarbalá. La comuna del interior del Limarí concentra más de un tercio del gasto regional, con $1.549 millones en compras de emergencia, ubicándose en el puesto 27 a nivel nacional. Para una comuna de menos de 14.000 habitantes, el volumen resulta significativo y plantea preguntas sobre qué servicios se contrataron y bajo qué fundamento.

Salamanca ocupa el segundo lugar regional con $531 millones, pero destaca sobre todo por la cantidad de operaciones: 119 órdenes de compra que la colocan en el octavo lugar nacional entre los municipios con mayor número de contrataciones de emergencia, junto a comunas como Constitución, Cauquenes y Puente Alto.

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Más atrás aparecen Illapel ($462 millones), Río Hurtado ($283 millones) y Los Vilos ($282 millones). En el otro extremo, las dos comunas más pobladas de la región muestran cifras comparativamente bajas: La Serena registró $170 millones y Coquimbo $101 millones, lo que sugiere que ambas resuelven la mayor parte de sus contrataciones por la vía regular de licitación.

Las comunas con menor gasto fueron Ovalle ($17 millones), Monte Patria ($20 millones) y Andacollo ($48 millones).

¿Emergencias reales o planificación insuficiente?

Uno de los hallazgos centrales del informe es que la principal razón para invocar la causal de emergencia no fueron desastres naturales ni contingencias imprevistas. De una muestra de 56 órdenes de compra analizadas en detalle, el 32% correspondió a licitaciones fracasadas — declaradas desiertas, inadmisibles o revocadas — y un 19% a observaciones formuladas por la Contraloría General de la República durante la tramitación de los procesos. Solo el 10,7% se fundamentó en emergencias propiamente tales, como incendios o sistemas frontales.

Esto no significa que la región no haya enfrentado situaciones excepcionales. Durante 2024, la Región de Coquimbo fue incluida en tres decretos de excepción: zona de catástrofe por sistema frontal en junio, emergencia preventiva por incendios forestales en agosto y zona de catástrofe por sequía en septiembre. Estas declaraciones podrían explicar parte de las compras en comunas rurales como Río Hurtado, Canela y Paihuano, donde la infraestructura hídrica y la respuesta ante eventos climáticos son necesidades permanentes.

Proveedores concentrados y eventos con plata de emergencia

A nivel nacional, el informe identificó una fuerte concentración de proveedores. Cinco empresas acumulan el 38,5% del gasto total. Tres de ellas — DEMARCO S.A., STARCO S.A. y KDM S.A. — pertenecen al mismo grupo empresarial (Grupo Urbaser) y suman $40.087 millones en contrataciones directas vinculadas a recolección de residuos.

Otro hallazgo relevante es el uso de la causal de emergencia para financiar eventos recreativos. El CPLT detectó 85 órdenes de compra por $1.577 millones destinadas a producción de festivales, celebraciones del día del funcionario y fiestas costumbristas. En la lista aparecen municipios de todo el país, desde Coyhaique ($270 millones para una fiesta regional) hasta comunas pequeñas que contrataron amplificación y shows artísticos invocando urgencia o imprevisto.

Lo que viene

El informe no tiene carácter sancionatorio, pero deja un diagnóstico claro: si bien el trato directo por emergencia es una herramienta legítima, su uso recurrente para cubrir fallas de planificación o para contrataciones que nada tienen de imprevistas debilita la transparencia del gasto municipal. El nuevo reglamento de la Ley de Compras Públicas, vigente desde diciembre de 2024, endurece las exigencias: define con precisión qué es emergencia, urgencia e imprevisto, y establece que la falta de gestión oportuna no podrá invocarse como fundamento para el trato directo.