Directora de DIDECO de Combarbalá se querella contra concejal Carlos Castro por injurias graves

En el Juzgado de Garantía de Combarbalá fue ingresada una querella criminal por injurias graves en contra del concejal Carlos Amable Castro Rubina, electo en la lista de Demócratas y cercano al exalcalde Pedro Castillo. La acción fue presentada por la directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Yovana Muñoz Jofré, quien acusa al concejal de haber difundido afirmaciones falsas y descalificatorias que afectan su honra y trayectoria profesional.

Según el escrito, Castro habría utilizado tanto sesiones de concejo como redes sociales y medios de comunicación locales para lanzar imputaciones sobre remuneraciones, horas extras y supuestos compromisos con organizaciones sociales. La querella pide que el tribunal lo condene a cinco años de presidio menor en su grado máximo, además del pago de 150 UTM y la publicación de la sentencia en medios de comunicación.

Contexto político

El caso no se da en el vacío. Carlos Castro llegó al concejo tras trabajar en el Departamento Social durante la administración de Pedro Castillo, donde —según denuncias— funcionarios habrían participado activamente en su campaña, en un claro episodio de intervencionismo electoral. Pese a su rol como fiscalizador, hasta ahora el concejal ha guardado silencio sobre las irregularidades heredadas del castillismo.

Entre ellas destacan la deuda de más de 30 millones de pesos a un empresario local por trabajos nunca formalizados en contrato, debido a que el beneficiario era esposo de la secretaria de confianza de Castillo, funcionaria que pasó de honorarios a planta. Aunque se inició un sumario, fiscales municipales ligados al exalcalde estarían evitando avanzar, sin que el concejal Castro se pronuncie.

A lo anterior se suma la denuncia de que el concejal asesoraría a organizaciones sociales para postular proyectos en la municipalidad y luego participaría en los procesos de selección, donde se han adjudicado fondos a familiares cercanos.

Próximos pasos

La querella presentada por Muñoz incluye actas de sesiones, publicaciones de Facebook, programas de radio y TV locales, y un informe psicológico que acreditaría el daño sufrido. El tribunal deberá resolver la admisibilidad y fijar audiencia.