Diversas autoridades comunales y vecinos de Combarbalá manifestaron su inquietud ante la posibilidad del cierre del Centro de Detención Preventiva (CDP) de la comuna, recinto que durante años ha cumplido funciones relacionadas con la custodia de personas privadas de libertad y procesos de reinserción social.

La situación ha generado preocupación entre representantes locales, quienes consideran que el establecimiento forma parte de la red de servicios públicos presentes en la comuna y cumple un rol relevante tanto para las familias de internos como para el funcionamiento institucional del territorio.

La concejala Claudia Ávalos señaló que la comunidad se encuentra atenta a la información que ha surgido respecto de un eventual cierre del recinto penitenciario. Según indicó, el centro ha sido una instalación importante para la comuna y estima necesario contar con información oficial sobre su futuro.

Ante estos antecedentes, la diputada Carolina Tello informó que ofició a Gendarmería de Chile con el objetivo de conocer la situación del establecimiento y verificar si existe alguna decisión adoptada respecto de su continuidad.

La parlamentaria sostuvo que resulta importante aclarar la información disponible para entregar certezas a la comunidad y a las autoridades locales, especialmente considerando la relevancia que tienen los servicios públicos para las comunas alejadas de los principales centros urbanos.

Por su parte, el concejal Juan Castillo expresó que la posibilidad de un cierre ha generado inquietud entre vecinos de la comuna. A su juicio, es importante conocer los antecedentes oficiales y evaluar los efectos que una medida de este tipo podría tener para Combarbalá.

El Centro de Detención Preventiva de Combarbalá alberga principalmente población penal masculina de baja peligrosidad y ha operado durante varios años en la comuna. Hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre un eventual cierre por parte de Gendarmería de Chile.

Mientras se esperan definiciones, autoridades comunales y representantes locales han solicitado información formal sobre el futuro del recinto, con el propósito de conocer el impacto que una eventual decisión podría generar tanto para la comunidad como para los funcionarios que allí se desempeñan.