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Disputa entre Municipio y funcionaria desata crisis por nombramiento en Salud de Combarbalá

Una agria disputa entre dos sectores de derecha tiene en vilo el sistema de salud municipal de Combarbalá y ha dejado al descubierto profundas divisiones al interior de la coalición oficialista. Se trata del conflicto por el nombramiento de Massiel Arancibia como Jefa del Departamento de Salud Municipal (DESAM), que enfrenta a la antigua administración del exalcalde Pedro Castillo con la nueva alcaldesa Marta Carvajal.

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El Combarbalino

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|15 de octubre de 2025|4 minutos de lecturaAgregar El Combarbalino
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Una agria disputa entre dos sectores de derecha tiene en vilo el sistema de salud municipal de Combarbalá y ha dejado al descubierto profundas divisiones al interior de la coalición oficialista. Se trata del conflicto por el nombramiento de Massiel Arancibia como Jefa del Departamento de Salud Municipal (DESAM), que enfrenta a la antigua administración del exalcalde Pedro Castillo con la nueva alcaldesa Marta Carvajal.

El origen: Un concurso “viciado” pero consolidado

La controversia estalló cuando la administración de Castillo realizó en 2024 un concurso público para proveer el cargo de Jefa de DESAM, que se encontraba vacante desde 2019. Massiel Arancibia, funcionaria con 17 años de trayectoria en el municipio, resultó ganadora.

Sin embargo, el proceso fue impugnado ante la Contraloría por otros funcionarios, la que en octubre de 2024 confirmó un vicio, que las bases no habían recibido la aprobación formal del Concejo Municipal. El organismo ordenó al municipio de Castillo iniciar un “procedimiento de invalidación”.

Fue aquí donde la administración del momento tomó una decisión. En lugar de anular el concurso, el entonces alcalde Pedro Castillo emitió el Decreto 5.127, argumentando que, a pesar del error formal, existía una “situación jurídica consolidada” y que no se podía perjudicar a una “tercera de buena fe” como Arancibia, quien ya se encontraba ejerciendo el cargo. La Contraloría, en enero de 2025, revisó esta decisión y no formuló observaciones, dándola por válida.

El golpe de timón: nueva alcaldesa reabre el caso

La situación dio un vuelco con el cambio de mando municipal. La alcaldesa Marta Carvajal, que asumió en diciembre de 2024, dictó a solo una semana de asumir el Decreto 2.840, iniciando un nuevo y más amplio proceso de invalidación, que esta vez apunta no solo a las bases, sino al concurso completo, al nombramiento de Arancibia e, incluso, al decreto de la administración anterior que había cerrado el caso.

Esta movida es fuertemente apoyada por el concejal Juan Castillo, quien ha sido el más opositor al nombramiento de Arancibia, llegando a calificar públicamente el concurso de “arreglado” en sesiones del concejo transmitidas por YouTube.

Demanda por hostigamiento político

Frente a lo que considera una persecución, Massiel Arancibia interpuso una demanda de tutela laboral contra la Municipalidad. En el documento, alega “hostigamiento laboral” y “vulneración sistemática” de sus derechos fundamentales por parte del concejal Castillo, y acusa a la nueva administración de Carvajal de utilizar la potestad invalidatoria de manera “abusiva, irrazonable y con evidente mala fe” para defenestrarla.

“El concejal Castillo ha manifestado públicamente su disconformidad con que yo ocupe el cargo… desconozco si la razón obedece a temas políticos o de otra índole, considerando que ejercí un cargo directivo activo dentro de la antigua administración”, señala Arancibia en la demanda, dejando entrever que el conflicto trasciende lo administrativo para adentrarse en una pugna política entre los equipos de la anterior y actual administración.

Una grieta en la derecha local

El caso expone una fractura evidente en la derecha local. Por un lado, el sector vinculado al exalcalde Pedro Castillo defendió la estabilidad laboral y la seguridad jurídica de una funcionaria de carrera. Por el otro, la nueva alcaldesa Marta Carvajal impulsa una línea de estricto apego a la forma y una “limpieza” de lo que su sector podría percibir como resabios de la administración anterior.

La demanda no solo busca anular el segundo proceso de invalidación y mantener a Arancibia en el cargo, sino que también pide una indemnización por daño moral de $30 millones y una disculpa pública, llevando la disputa política a un costoso y desgastante tribunal laboral.

Mientras tanto, el Departamento de Salud de Combarbalá, clave para una comuna con múltiples necesidades, opera en medio de esta batalla entre dos derechas, cuya resolución final quedará ahora en manos de la justicia.

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